Paro del PJF: impacto en amparos, plazos y regiones

Por Anabel Beltrán

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que este viernes 6 de noviembre alcanza al menos 22 sedes en más de 16 entidades, no se agota en la disputa laboral por el esquema de evaluación publicado en el Diario Oficial. Para miles de justiciables —quien espera un amparo, una audiencia o la notificación de un actuario— el cierre de edificios se traduce en plazos suspendidos, citas reprogramadas y una incertidumbre que rara vez aparece en los comunicados institucionales.

El movimiento reúne a secretarios, actuarios y oficiales, un universo estimado en alrededor de 32 mil personas. Morelos fue el primero en detener labores: desde el mediodía del jueves, más de mil trabajadores en Cuernavaca y Xochitepec se sumaron al paro. En la Ciudad de México, San Lázaro y Prisma se unieron desde la medianoche. El resto de las sedes reportadas se incorporó a partir de las 9:00 horas de este viernes.

Entre las entidades con sedes en paro figuran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero (Chilpancingo), Hidalgo (Pachuca), Jalisco, Michoacán (Morelia), Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca (capital y Salina Cruz), Puebla, Estado de México (Toluca), Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, además de cuatro edificios en la capital: San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. La afectación no es uniforme: depende de cuántas oficinas permanezcan cerradas y por cuánto tiempo.

Amparos, audiencias y plazos en limbo

Quienes tenían programada una audiencia en juzgado de distrito o en tribunal colegiado este viernes enfrentan, en la práctica, una reprogramación forzada. En amparos urgentes —suspensión provisional, medidas cautelares o notificaciones que corren contra reloj— cada día sin actuario ni secretario puede alterar el ritmo procesal que la parte quejosa o el tercero interesado creían asegurado.

El sistema de justicia federal no opera solo con jueces. Secretarios proyectan resoluciones, actuarios notifican y oficiales sostienen la mecánica cotidiana de los expedientes. Cuando ese engranaje se detiene, el justiciable percibe el paro como un vacío: no hay ventanilla que explique con claridad si su plazo se suspende, se interrumpe o simplemente se acumula retraso.

En regiones con una sola sede federal relevante —como Chilpancingo, Pachuca, Morelia o Salina Cruz— el cierre local no tiene un edificio vecino que absorba la carga. Ahí el impacto social es más duro: desplazamientos inútiles, gastos de traslado y la sensación de que el acceso a la justicia depende de un conflicto laboral que el ciudadano no provocó ni puede resolver.

La evaluación que encendió el conflicto

El detonante es el esquema de evaluación. De acuerdo con lo reportado, el examen de conocimientos pesaría 40 por ciento, mientras que el restante 60 se repartiría entre la valoración del titular, de los compañeros, reportes y otros factores. Una calificación igual o menor a 59 se consideraría insuficiente y abriría la puerta a un extraordinario único o a la baja.

El calendario anticipa temario entre el 17 y el 18 de noviembre y exámenes en diciembre. Ese horizonte mantiene la tensión abierta durante semanas y obliga a secretarios y actuarios a preparar un proceso que perciben como riesgoso para su estabilidad, justo cuando el Poder Judicial transita hacia un modelo con juzgadores electos por voto popular.

Para la ciudadanía, el conflicto tiene una lectura de acceso a la justicia. Es el segundo paro federal de envergadura desde 2024 y ocurre bajo un modelo institucional nuevo. Representantes de los trabajadores han advertido riesgo de presión laboral si la valoración del titular pesa tanto en la calificación final; esa preocupación no se resuelve solo con llamar diagnóstica a la primera ronda.

Hasta el cierre de esta nota no había un acuerdo público que pusiera fin al movimiento. Las autoridades judiciales y los representantes laborales deberán definir si el esquema se modifica, se aclara o se mantiene. Mientras tanto, la recomendación práctica para justiciables es consultar los avisos de cada circuito, documentar cualquier suspensión de plazos y conservar comprobantes de citas canceladas.

Enfoque México seguirá el impacto regional del paro —sedes que se sumen o se reincorporen, circuitos con mayor rezago y efectos en amparos urgentes— más allá del parte de última hora. El verdadero termómetro no es solo el número de edificios cerrados, sino cuántas personas ven diferida, una vez más, una resolución que ya esperaban desde hace meses.