Satélites, drones y robots: así se persigue el huachicol de agua

Por Anabel Beltrán

El robo de agua dejó de ser un problema que se atendía solo con recorridos a pie y denuncias vecinales. En los últimos años, gobiernos municipales, estatales y federales han incorporado satélites, drones, georradares, robots subterráneos y endoscopios con láser para encontrar tomas clandestinas y pozos explotados de manera ilegal, de acuerdo con un reportaje publicado este miércoles por La Crónica de Hoy.

El fenómeno, conocido como huachicol de agua, se ha agravado con la escasez y con la participación de grupos criminales que lucran con la venta del líquido. Las señales suelen ser las mismas en las colonias afectadas: poca presión en las tuberías, desvíos en la red y pipas que venden agua que nunca debió salir del sistema público.

Una historia de registros

La Comisión Nacional del Agua comenzó a contabilizar formalmente las tomas clandestinas en 2012 y para 2018 tenía registradas al menos 2 mil 280, principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, según el reportaje. La plataforma periodística Connectas documentó después 131 mil 603 tomas detectadas entre 2019 y septiembre de 2022 en 239 municipios.

La mayoría de esas tomas se localizaron con métodos tradicionales: operativos en tierra, denuncias ciudadanas o sobrevuelos de corporaciones de seguridad. La fiscalización con tecnología automatizada comenzó a extenderse a partir de 2024.

Del espacio al subsuelo

Una de las herramientas más llamativas es una plataforma de origen israelí, operada en México por una empresa nacional, que combina satélites de radar de apertura sintética con algoritmos de inteligencia artificial para detectar humedad inusual en el subsuelo. Fue diseñada originalmente para buscar agua en Marte y se ha desplegado en ciudades como Puebla, Ciudad Juárez, Saltillo, Salamanca, Celaya e Irapuato.

En Irapuato, de acuerdo con un reporte citado por el diario, el sistema identificó en tres meses más de 2 mil tomas clandestinas y 793 fugas ocultas. Son cifras que muestran la dimensión de un problema que durante años permaneció invisible bajo el pavimento.

Los drones con cámaras infrarrojas permiten vigilar acueductos y canales alejados, porque detectan cambios de temperatura en el suelo que delatan fugas o excavaciones recientes. Su uso evita exponer al personal en zonas controladas por quienes explotan pozos ilegales. Se han empleado en el Operativo Caudal, en el Estado de México, con participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y en estados como Morelos, Michoacán, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas.

Escuchar el agua

Bajo tierra, el georradar envía ondas electromagnéticas que generan una especie de radiografía del subsuelo para localizar tuberías rotas, huecos y conexiones no registradas sin excavar; en Ecatepec se ha usado para detectar desvíos. Los robots de inspección recorren el interior de ductos de entre 100 milímetros y más de dos metros de diámetro, con cámaras que giran 360 grados.

Los llamados endoscopios láser no cortan nada: el término se refiere a perfiladores que miden deformaciones e inserciones ilegales dentro del tubo. Su sonda emite una frecuencia detectable desde la superficie, lo que permite marcar el punto exacto donde se conectó una toma. A ellos se suman geófonos, que amplifican el sonido del agua que escapa a presión, y correladores acústicos que calculan la ubicación de una rotura a partir de la diferencia de tiempo con que el sonido llega a dos sensores.

Quién participa

La Conagua se apoya en la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad para la vigilancia con drones y aeronaves, y en la Agencia Espacial Mexicana para procesar imágenes satelitales que revelan anomalías hídricas o cambios en la vegetación asociados con extracciones a gran escala.

La tecnología, sin embargo, solo resuelve una parte. Detectar una toma no garantiza que se clausure ni que se sancione a quien la instaló, y en muchas zonas el robo persiste porque hay demanda de agua que la red formal no cubre. El reto, para las autoridades y para las comunidades, es que los hallazgos se traduzcan en más agua en las llaves y no solo en estadísticas.