Reeducación obligatoria para agresores: lo que aprobó el Senado

Por Bruno Cortés

El pleno del Senado de la República aprobó el martes 10 de noviembre una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para que las personas sentenciadas por agredir a niñas, adolescentes y mujeres tengan que acudir, como parte de su condena, a servicios de reeducación.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no es ley. Si la colegisladora la aprueba y se publica, los jueces podrían incluir en sus sentencias la obligación de participar en esos procesos, además de las penas que ya establecen los códigos penales.

Qué son los servicios reeducativos

La reforma introduce en la ley el concepto de servicios reeducativos, definidos como procesos de aprendizaje dirigidos tanto a las víctimas como a las personas agresoras, de forma individual o colectiva, de acuerdo con la cobertura de El Universal.

Su propósito es erradicar estereotipos de género y transformar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y que perpetúan la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en cualquiera de sus tipos y modalidades.

El texto establece que estos servicios deberán ser integrales, especializados y gratuitos, y sustentarse en la perspectiva de género, de derechos humanos, de interseccionalidad y de interculturalidad.

Obligatorio para quien sea condenado

El cambio central es que la participación del agresor deja de depender de su voluntad. La propuesta plantea incluir como parte de la sentencia la condena a acudir de manera obligatoria a estos servicios, con el objetivo declarado de contribuir a su reinserción social y de evitar que la conducta violenta se repita.

La reforma también contempla a las víctimas. Los servicios buscan fortalecer su participación activa en la vida pública, privada y social mediante procesos gratuitos que promuevan relaciones igualitarias y libres de violencia, de modo que la atención no se limite a la sanción del agresor.

Las preguntas pendientes

La cobertura de la sesión no detalla quién impartirá los servicios, con qué presupuesto ni cómo se medirá su efectividad. Tampoco precisa si los cursos se ofrecerán dentro de los centros penitenciarios, en libertad condicional o en ambos casos, ni qué ocurrirá si una persona sentenciada se niega a cumplir.

Esas definiciones suelen quedar en manos de los reglamentos y de las instituciones encargadas de ejecutar las penas. Sin recursos y sin personal especializado, este tipo de medidas corre el riesgo de quedarse en el papel o de reducirse a pláticas sin seguimiento, por lo que el diseño de la ejecución será tan importante como el texto de la ley.

También será relevante cómo se coordinan las autoridades que intervienen en el proceso: los juzgados que dictan la sentencia, los centros penitenciarios o las instancias que supervisan a quienes cumplen su pena en libertad, y las dependencias de atención a mujeres que ya operan programas para víctimas en los estados. La reforma no detalla todavía esa distribución de responsabilidades.

Una jornada con varias reformas

La aprobación ocurrió en una sesión encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, en la que también se avalaron modificaciones en materia de protección de datos personales y privacidad digital, acuerdos laborales y la inscripción del nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Muro de Honor.

Para las mujeres que viven violencia, la reforma no sustituye las medidas de protección ni las órdenes de alejamiento, que siguen siendo la herramienta inmediata ante un riesgo. Su apuesta es de mediano plazo: que quien agredió no vuelva a hacerlo con su pareja, con sus hijas o con otra mujer cuando termine su condena.

La discusión pasa ahora a San Lázaro, donde las comisiones deberán dictaminar la minuta. Si los diputados le hacen cambios, el texto tendría que regresar al Senado antes de enviarse al Ejecutivo para su publicación.